13.000 millones en rehabilitación: el precio para acabar con la pobreza energética
Un total de 13.000 millones de euros habría que invertir en rehabilitación de edificios para acabar con la Pobreza Energética, que afecta a cerca de dos millones de hogares en España. Esta es la estimación de Green Building Council España (GBCe) elaborada con motivo del Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética, que se celebra cada 17 de febrero. Esto equivaldría a dedicar una quinta parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en poner fin a esta lacra.
“Garantizar el buen estado de los edificios es el factor fundamental para combatir la pobreza energética y, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, la solución más efectiva y estructural a largo plazo es la rehabilitación”, ha asegurado Dolores Huerta, directora general de GBCe. En este sentido, destaca cuatro líneas de actuación contra la pobreza energética: el bono social; el apoyo a las asociaciones especializadas; la soberanía energética y el autoconsumo compartido; y la inversión pública en rehabilitación para hogares vulnerables.
Y es que, según los datos que se recogen en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), en su última actualización de 2020, de los 17,5 millones de hogares en España de los que se disponen datos relacionados con la renta y el gasto de energía doméstica en la actualidad, un 25% se encuentra en situación de Pobreza Energética o monetaria, un 7% sufre ambas y un 11% se encuentra en situación de Pobreza Energética Escondida debido a las condiciones de las edificaciones y la ausencia de instalaciones apropiadas y eficientes.
Necesidades básicas no satisfechas
Este fenómeno puede manifestarse en los ciudadanos a través de distintos hechos, “como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar; el retraso en el pago de las facturas; un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos que es desproporcionado sobre el nivel de ingresos”, ha explicado Huerta.
De ese 25% de hogares en Pobreza Energética o monetaria, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas. Según explica Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.
Huertas también se ha referido a la encueta que se recoge en la ERESEE, de la que se desprende la baja disposición de las comunidades de vecinos a acometer obras en los elementos comunes del edificio.
Según la dirigente de GBCe, estos datos muestran “la necesidad de impulsar la cultura del mantenimiento y la conservación”, incidiendo no sólo en la rentabilidad económica de la rehabilitación energética, sino también en el confort, la mejora de la salud y la calidad de vida, la revalorización de los inmuebles o el aislamiento contra los ruidos”.
