Agremia insta al Gobierno a regular de forma «urgente y separada» las deducciones fiscales vinculadas a la rehabilitación energética
Después de que el Congreso de los Diputados tumbara el pasado 26 de febrero el denominado ‘escudo social’ (RD 2 /2026), que deja en el aire diversas deducciones del IRPF vinculadas a actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas, La Asociación de Empresas del Sector y la Energía, Agremia, solicita al Gobierno que regule «de forma urgente y separada» estos beneficios fiscales.
La asociación advierte que esta nueva situación de bloqueo normativo «vuelve a generar incertidumbre entre los propietarios que estaban valorando acometer reformas para mejorar la eficiencia de sus viviendas, renovar instalaciones o sustituir equipos por otros más eficientes». La falta de continuidad normativa, señalan, «retrasa decisiones de inversión y paraliza actuaciones clave para avanzar en la modernización del parque edificado». Y avisa que la posible pérdida de deducciones fiscales en el IRPF «desincentiva inversiones que contribuyen a modernizar el parque residencial y a cumplir los objetivos de eficiencia energética».
Hasta 9.000 euros por contribuyente
De no aprobarse la medida, las deducciones fiscales que pueden perderse serían de 9.000 euros por contribuyente, observa Agremia. Un importe que, unido al incentivo económico que se puede obtener por la gestión de CAES (Certificados de Ahorro Energético), permitiría a los usuarios recuperar un porcentaje significativo de la inversión, lo que sería «una motivación esencial para acometer la reforma de su instalación térmica».
“La rehabilitación energética necesita estabilidad y continuidad en el tiempo. No podemos trasladar a los ciudadanos un mensaje de impulso a la modernización de sus viviendas y, al mismo tiempo, mantener en el aire los incentivos fiscales que hacen viables muchas actuaciones”, señala Inmaculada Peiró, directora general de Agremia. “Es imprescindible que las deducciones se regulen de forma independiente y urgente, al margen de otros debates legislativos, para ofrecer seguridad jurídica y recuperar la confianza”, añade.
España afronta el reto de renovar un parque inmobiliario envejecido, con un elevado porcentaje de edificios construidos antes de la entrada en vigor de normativas exigentes en materia de eficiencia energética, recuerda la asociación. Y en este sentido, mejorar el aislamiento, sustituir sistemas térmicos obsoletos, instalar equipos de alta eficiencia o incorporar soluciones renovables son actuaciones que no solo reducen el consumo energético, sino que incrementan el confort, revalorizan los inmuebles y contribuyen a los objetivos de descarbonización.
En consecuencia, para abordar la descarbonización del parque edificado con plenas garantías, la directora general de Agremia insiste en que “regular cuanto antes y de manera separada las deducciones vinculadas a la rehabilitación energética es fundamental para recuperar la estabilidad del sector y dar tranquilidad a los ciudadanos”. “Solo con un marco legislativo sostenido en el tiempo podremos acelerar el ritmo de renovación que necesita nuestro parque residencial”, finaliza.
