Aprobada en España la primera Ley del Cambio Climático y Transición Energética
En un hecho calificado de “histórico”, y tras años de retraso, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera Ley del Cambio Climático y Transición Energética, en la que se establecen los objetivos para alcanzar la plena descarbonización de la economía antes del año 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable.
El texto, que ahora pasa a su tramitación final por el Senado, salió adelante con los votos a favor de todos los partidos del arco parlamentario, salvo los del PP y Más País, que se abstuvieron, y los de Vox, que votó en contra.
El proyecto de Ley, que ayudará a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra cambio climático, constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta. Plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. El texto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica recogida en el proyecto de ley.
Se trata de “una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización”, aseguró la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha calificado la Ley de “enormemente ambiciosa”, aunque “queda margen para seguir mejorando”, precisó.
Gases contaminantes, renovables y eficiencia energética
La Ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un “mínimo inquebrantable” porque se revisarán siempre al alza. Estos objetivos se sitúan por encima de los asignados por la Unión Europea (UE) a España.
Así, respecto a los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura), España se compromete a una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea. Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
En relación con el transporte, responsable de casi el l 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España, la Ley promueve el cambio hacia una movilidad más sostenible, promocionando, especialmente, el vehículo eléctrico.
