En un contexto marcado por la inestabilidad internacional derivada de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que ha evidenciado los riesgos de la dependencia de combustibles fósiles importados, el  PSpC, que abarca el periodo 2026-2032, se centrará en colectivos vulnerables, en dos ámbitos clave como son  los edificios y del transporte por carretera. El objetivo es  «facilitar que la descarbonización de la economía continúe mejorando la calidad de vida, la habitabilidad y la equidad social».

El importe destinado a la modernización del parque residencial español, que presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética, busca  reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO₂.

Se articulan en siete líneas de actuación:

• Promoción de vivienda asequible (1.813 millones): es la medida con mayor dotación económica del Componente. Permitirá impulsar la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial, garantizando altos estándares de eficiencia energética.

• Rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables (1.220 millones): financiará actuaciones integrales a escala de barrio para reducir el consumo de energía primaria no renovable. Se priorizarán zonas con mayores índices de vulnerabilidad, incluyendo rehabilitación energética, climatización renovable o el desarrollo de redes de calor y frío de distrito.

• Rehabilitación de edificios residenciales (923 millones): ayudas destinadas a mejorar el aislamiento térmico y sustituir sistemas basados en combustibles fósiles en edificios donde residan hogares vulnerables. La intensidad de las ayudas se ajustará según el nivel de mejora energética alcanzado.

• Rehabilitación de viviendas individuales (278 millones): intervenciones personalizadas y adaptadas a aquellos hogares que, por su ubicación en edificios plurifamiliares, no puedan someterse a una rehabilitación comunitaria.

• Comunidades energéticas y consumidores activos (300 millones): impulso al autoconsumo colectivo y a sistemas de almacenamiento energético, con la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.
• RED-ACTÚA (27 millones): creación y consolidación de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales.

• Proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social (162 millones): medidas de rápida ejecución para hogares en situación de urgencia térmica y actuaciones de mejora de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.

Con el amplio proceso de consulta y participación pública impulsado por el Gobierno para la elaboración del PSpC se pretende recabar las alegaciones, propuestas y aportaciones del conjunto de la sociedad sobre el proyecto. Los comentarios y alegaciones pueden presentarse hasta el 29 de junio mediante el formulario disponible aquí.