El Parlamento Europeo respalda que todos los edificios nuevos sean cero emisiones a partir de 2028
El Parlamento europeo ha adoptado un proyecto de medidas encaminadas a reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía en el sector europeo de la construcción de aquí a 2030, para conseguir que sea climáticamente neutro en 2050. También pretende aumentar la tasa de renovaciones de los edificios poco eficientes a nivel energético y mejorar el intercambio de información sobre la eficiencia energética.
Entre las medidas que se incluyen en la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. En el caso de los ocupados o explotados por la Administración pública, o de su propiedad, el plazo será 2026. A más tardar en 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).
Mejoras en aislamiento y calefacción
Los edificios residenciales tendrían que conseguir, como mínimo, la clase energética E en 2030, y la D en 2033 (en una escala que va de A a G, esta última corresponde al 15 % de edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional de un Estado miembro). Los edificios no residenciales y públicos tendrían que conseguirla en 2027 y 2030 respectivamente. La mejora de la eficiencia energética (obras de aislamiento o mejoras en el sistema de calefacción) se realizaría al vender un edificio o acometer importantes obras de renovación, o, en caso de estar alquilado, a la firma de un nuevo contrato.
Los Estados miembros deberán prever en sus planes nacionales de renovación las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos.
Por otro lado, los planes nacionales de renovación deberán incluir sistemas de apoyo para facilitar el acceso a las subvenciones y la financiación. Los Estados miembros deberán instaurar puntos de información gratuita y programas de renovación que no conlleven costes. Las medidas financieras deberán prever una prima importante para las renovaciones de gran calado —especialmente para los edificios con peor rendimiento energético— y deberán incluir también subvenciones y financiación específicas para los hogares vulnerables.
Las nuevas normas no se aplicarán a los monumentos. Los países de la Unión podrán excluir también, si lo desean, los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los de uso temporal y las iglesias y lugares de culto. También podrán hacer una excepción con la vivienda pública social, en aquellos casos en que una renovación llevaría aparejado un aumento del alquiler que no podría compensarse con el ahorro en la factura energética.
Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros puedan ajustar los nuevos objetivos a una proporción limitada de edificios en función de la viabilidad económica y técnica de las renovaciones y de la existencia de mano de obra cualificada.
El proyecto de medidas ha sido aprobado por 343 votos a favor, 216 en contra y 78 abstenciones. Los eurodiputados entablarán ahora negociaciones con el Consejo para acordar la forma definitiva del proyecto de ley.
