El sector de la biomasa podría perder hasta 30.000 empleos por una retribución inferior a los costes reales, advierte APPA
La publicación de la Orden TED/526/2024 por la que se establece la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones tipo de generación de energía eléctrica, ha dado «un grave revés» al sector de la biomasa, ya que, según APPA, «aboca al cierre a cientos de empresas y pone en riesgo más de 30.000 empleos».
Como explica la patronal, «tras meses operando a pérdidas por un retraso en la aprobación de la metodología del cálculo de su retribución, las cifras publicadas poco tienen que ver con la realidad del sector». Y es que, explica APPA, «la Orden reconoce un incremento de los costes de operación y mantenimiento del 3% en los últimos tres años, cifra inferior incluso al IPC, cuando estos costes se han incrementado de forma real en más de un 40%». Y en particular, añade, «el coste de adquisición de la tonelada de biomasa reconocido por la orden, 58 euros, es muy inferior al coste real de 70 euros». Una diferencia superior al 20%, «que puede provocar que cientos de pequeñas y medianas empresas tengan que cerrar, incapaces de financiar sus pérdidas operativas, y pone en grave riesgo más de 30.000 empleos y actividades del mundo rural como la gestión de residuos agrícolas y ganaderos o la prevención de incendios al no recogerse la biomasa forestal sobrante.
Ante esta situación, José María González Moya, director general de APPA Renovable, recuerda que la biomasa es una tecnología de generación que puede funcionar las veinticuatro horas del día «y juega un papel crucial en la valorización de residuos agrícolas y ganaderos, así como en la limpieza de bosques, algo fundamental de cara al verano, por lo que no se entiende la decisión del Ministerio, que arrastra a las empresas a su restructuración o incluso al cierre, provocando un efecto dominó sobre los proveedores”. Por ello, «como sector, reclamamos al MITERD que actualice con urgencia los parámetros, reconociendo los costes reales que enfrenta esta tecnología”, concluye González Moya
