La europea AREA denuncia el comercio ilegal de refrigerantes y los trabajos no certificados
El comercio ilegal de refrigerantes y los técnicos no cualificados amenazan el sector de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor (RACHP por sus siglas en inglés), ya que «generan riesgos de seguridad y frenan la adopción de soluciones bajas en carbono». Así lo denuncia la Asociación europea de instaladores de refrigeración, acondicionamiento de aire y bombas de calor, AREA en el documento ‘Comercio ilegal de refrigerantes y trabajos no certificados: Amenazas y soluciones para la industria europea de refrigeración y acondicionamiento de aire‘ que ha sido traducido y remitido para su difusión por la Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías, AEFYT, y en el que también exige medidas inmediatas para abordar estos problemas a las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros.
Tras puntualizar que suscribe «plenamente» los objetivos de descarbonización y neutralidad climática de la UE, así como la «ambiciosa transición hacia alternativas a los gases fluorados», tal como se describe en el Reglamento sobre gases fluorados; y destacar la labor de los instaladores de sistemas RACHP, la asociación constata que «el mercado europeo de contratación RACHP se enfrenta cada vez más al comercio ilegal de refrigerantes y los trabajos no autorizados, que amenazan la transición hacia soluciones de RACHP respetuosas con el medio ambiente».
Un grave problema para Europa
Como alerta la asociación en el documento, «el comercio ilegal de refrigerantes, en particular de hidrofluorocarbonos (HFC), se ha convertido en un problema importante en toda Europa, socavando la política climática, la seguridad pública y la integridad económica». Y denuncia que en el contexto de la reducción gradual acelerada exigida por el Reglamento sobre gases fluorados, «el mercado negro sigue prosperando». De hecho, señala, «la menor disponibilidad de gases fluorados debido a las cuotas de la UE, así como el aumento de su coste y las disparidades (hasta ocho veces superiores dentro de la UE que fuera de ella), hacen que el comercio ilegal sea muy rentable». En referencia a España, indica que «los impuestos adicionales sobre los gases fluorados hacen que los refrigerantes legales sean prohibitivamente caros».
Tras recordar que en 2024, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) interceptó en una operación conjunta con las autoridades de 16 Estados miembros, junto con Turquía y Ucrania, miles de bombonas de gas por un valor de 4,5 millones de euros, que contenían el equivalente a más de 400 000 toneladas de CO2, la asociación reafirma los graves desafíos del comercio ilegal de refrigerantes tanto para los instaladores, como para el medio ambiente, ya que socava el mecanismo de eliminación gradual de los gases fluorados de alto PCA, como para la economía, en tanto que perjudica genera competencia desleal y perjudica a las empresas que cumplen con las normativas ambientales y de seguridad y genera importantes pérdidas de ingresos fiscales.
También menciona AREA las averías que pueden producirse en los equipos debido a refrigerantes de baja calidad, «que pueden provocar una reducción de la eficiencia, costosas reparaciones o sustituciones, lo que en última instancia afecta a los consumidores». Finalmente se refiere a los riesgos de seguridad, incidiendo en que «los refrigerantes falsificados o de contrabando pueden estar mal etiquetados o contaminados, lo que supone riesgos de fallos en los equipos, incendios o explosiones». Además, los refrigerantes impuros pueden ser tóxicos y poner en peligro a los técnicos y a los ocupantes de los edificios.
Medidas coordinadas
Por todo ello, y en vista de que «la aplicación de la normativa sigue siendo un reto en Europa», AREA exige «urgentemente» medidas coordinadas entre los Estados miembros de la UE, sanciones más estrictas y una mejor supervisión para combatir este creciente delito ecológico.
Entre las recomendaciones que realiza para frenar el problema, destacan las de establecer bases de datos nacionales que registren todas las compras y ventas de refrigerantes, así como la carga de los sistemas; reforzar las inspecciones y los controles policiales en las fronteras; aplicar adecuadamente las disposiciones del Reglamento sobre gases fluorados relacionadas con las actividades ilegales bajo la supervisión de la Comisión Europea; realizar campañas públicas para concienciar sobre el impacto ambiental y económico de los refrigerantes ilegales; y reconocer e involucrar a las asociaciones del sector como intermediarios clave entre las autoridades, las empresas y los técnicos en las iniciativas para prevenir y combatir el comercio ilegal de refrigerantes.
Trabajo no certificado
En otro apartado del documento, AREA se refiera al problema del trabajo no certificado, estrechamente vinculado al comercio ilegal de refrigerantes, ya que «muchos técnicos que compran refrigerantes ilegales también operan sin certificación». En consecuencia, «algunas instalaciones son realizadas o mantenidas por técnicos sin un certificado personal válido o por empresas que carecen de la acreditación o certificación adecuadas», denuncia. Un problema que se agrava ya que «en la mayoría de los Estados miembros, los servicios de inspección cuentan con recursos internos limitados, lo que implica que las inspecciones y el seguimiento no siempre son exhaustivos».
Todo ello está afectando gravemente al sector europeo de contratación de sistemas de refrigeración, calefacción y acondicionamiento de aire (RACHP), denuncia la asociación. «La competencia desleal es un grave problema, ya que los instaladores no certificados pueden ofrecer precios mucho más bajos, rebajando los costes entre un 20 % y un 50 %, lo que dificulta enormemente la competencia de los profesionales cualificados, especialmente con propietarios particulares o pequeños arrendadores que priorizan el precio», afirma en el comunicado.
Desde un punto de vista medioambiental, también ralentiza la transición a tecnologías de construcción resilientes al clima y bajas en carbono, ya que el trabajo no cualificado conlleva una ejecución deficiente, sistemas ineficientes e incumplimiento de las normativas europeas y nacionales, además de los riesgos para la seguridad. «Sin la experiencia necesaria para optimizar estos sistemas, existe un riesgo significativo de que las soluciones resultantes sean energéticamente ineficientes».
Finalmente, conlleva una pérdida de reputación, ya que daña la confianza del consumidor, no solo en los instaladores asociados con el uso ilegal de refrigerantes, sino en el sector en su conjunto.
Para abordar el problema de AREA, recomienda establecer un registro nacional obligatorio de instaladores y personas físicas certificados, así como sanciones más severas para disuadir el trabajo ilegal. Otras medidas serían; reforzar las labores de inspección; realizar campañas de concienciación pública sobre los riesgos de contratar a instaladores no certificados e implementar incentivos fiscales para fomentar la contratación legal.
