Los cogeneradores reclaman decisiones al Gobierno para remontar su actividad
El sector de la cogeneración atraviesa un momento crítico, que podría llevar al cierre progresivo de la industria a medio plazo, alertan desde ACOGEN. “El rumbo dependerá, en gran medida, de las decisiones que adopte próximamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”, indicó José Ignacio Castillo, presidente de la patronal empresarial, en su Asamblea general de la Asociación, celebrada el pasado 26 de noviembre bajo el lema ‘Cogeneración: la inversión inteligente”.
Según el presidente de la asociación, la cogeneración está sufriendo hoy “un auténtico cogenicidio industrial”, ya que en solo cinco años ha perdido el 50% su producción, pasando de generar el 12% de la electricidad de España a apenas el 6% actual. Según datos de la CNMC, 230 plantas —con 1.500 mW de potencia instalada— se apagaron entre 2020 y 2024 al agotar su vida útil retributiva, sin que llegara el marco prometido por Ley. Un retroceso que acarrea, como consecuencias la pérdida de la eficiencia energética, más emisiones, menor seguridad de suministro o menor competitividad, con una merma anual de 1.500 millones de euros en la facturación energética de las industrias cogeneradoras, que sostienen más de 200.000 empleos directos, señalan desde Acogen.
Tres medidas urgentes
Ante este escenario, la patronal insiste en que la cogeneración precisa de un marco para operar y otro para invertir. Por eso, solicitan al Gobierno la promulgación urgente del marco de inversión mediante subastas para 1.200 MW sin mayores exigencias al marco actual; la ampliación de la operación hasta 2029 de las cogeneraciones que finalizan su vida útil regulada; y la modificación de la propuesta de orden retributiva para 2026–2031.
Acogen denuncia que las subastas anunciadas en 2021 por la actual vicepresidenta Sara Aagesen llevan cinco años de retraso. En octubre de 2025, el Gobierno volvió a aplazarlas al primer semestre de 2026, sin aclarar condiciones.
En este contexto, las industrias reclaman dos garantías mínimas para invertir sin perder competitividad: mantener la libertad de venta: al mercado, a terceros o autoconsumo, sin imponer un único esquema; y conservar la metodología europea de eficiencia, para no penalizar la competitividad respecto a otros países. “Modificar estos principios básicos sería incomprensible. Destruiría valor, introduciría más rigidez, más burocracia y menos equidad. En definitiva, implica pérdida de competitividad y riesgo de deslocalización de empresas, no ya por falta de reglas claras, sino por discriminación”, subraya el presidente de Acogen.
