No sustituir las calderas de carbón antes de 2022 en Madrid puede acarrear multas de hasta 20.000 euros, recuerda Agremia

No sustituir las calderas de carbón antes de 2022 en Madrid puede acarrear multas de hasta 20.000 euros, recuerda Agremia

Las comunidades de propietarios que no sustituyan su caldera de carbón antes de 2022 pueden enfrentarse a multas de hasta 20.000 euros, advierta la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia).

En este sentido, el Plan de ayudas anunciado por el Ayuntamiento de Madrid para la sustitución de salas de calderas en comunidades de propietarios por otros equipos más eficientes y menos contaminantes son, según la asociación madrileña, la mejor opción para acabar durante 2021 con todas las calderas de carbón de la ciudad de Madrid.  A partir del 1 de enero de 2022 estarán prohibidas por normativa en todo el municipio a través de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad.

De acuerdo con el proyecto de esta Ordenanza, el incumplimiento de la prohibición del uso de determinados combustibles, potencialmente contaminadores en la atmósfera, puede acarrear una sanción de hasta 20.000 euros para el titular de la instalación, en este caso la comunidad de propietarios, explican desde Agremia.

El Ayuntamiento abrirá en breve una segunda convocatoria del Plan Cambia 360, para el que reserva 2 millones de euros para eliminar las 150 calderas de carbón que todavía existen en Madrid (Plan Carbón Cero) y 8,5 millones para sustituir las 4.500 calderas de gasóleo. A estas ayudas se suman 1,5 millones de euros para sistemas de climatización eficientes y sostenibles en pymes y 1,3 millones para sistemas de calefacción y agua caliente sin emisiones.

Durante 2020, Agremia fue la entidad designada por el Ayuntamiento por  procedimiento de concurrencia, publicado mediante Decreto del Delegado de Área de Medio Ambiente y Movilidad, para gestionar estas ayudas, contribuyendo a la eliminación de una veintena de salas de calderas de carbón en la capital pese a situación de pandemia por la COVID-19 y a la suspensión de las juntas de propietarios en las comunidades.

 

 

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