La  directiva establece también un objetivo jurídicamente vinculante para reducir el consumo de energía final de la UE en un 11,7% de aquí a 2030 (en relación con el escenario de referencia de 2020). Esto incluye para cada Estado miembro el requisito de fijar su contribución nacional indicativa sobre la base de criterios objetivos que reflejen las circunstancias nacionales. Si las contribuciones nacionales no alcanzan el objetivo de la UE, la Comisión aplica un mecanismo de brecha de ambición.

Por otro lado, el ahorro energético actual del 0,8% deberá incrementarse hasta el 1,3% en el periodo 2024-2025, luego al 1,5% (2026-2027) y al 1,9% a partir de 2028. Eso es un promedio del 1,49% de los nuevos ahorros anuales para el período 2024-2030.

El texto legislativo  también obliga a los Estados miembros a dar prioridad a los clientes vulnerables y a las viviendas sociales en el ámbito de sus medidas de ahorro energético e introduce un objetivo de reducción anual del consumo de energía del 1,9% para el conjunto del sector público.

Otra innovación importante se refiere  a la obligación de monitorear el rendimiento energético de los centros de datos, con una base de datos a nivel de la UE que recopile y publique datos.

Contempla, asimismo, la promoción de planes locales de calefacción y refrigeración en municipios más grandes e incluye incrementar progresivamente el consumo energético eficiente en suministro de calor o frío, también en calefacción urbana.