Una veintena de organizaciones se alza contra el impuesto sobre gases fluorados que tramita el Gobierno

Una veintena de organizaciones se alza contra el impuesto sobre gases fluorados que tramita el Gobierno

El descontento está servido entre los colectivos afectados. Una veintena de asociaciones profesionales han levantado sus voces contra el anteproyecto de ley del impuesto sobre gases fluorados que prepara el Gobierno y que gravará la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, aplicando un impuesto a los refrigerantes utilizados en ellos.

 

En un comunicado que acaban de emitir, estas organizaciones, entre las que se encuentran Aefyt, Afec, Amascal, CNI, Conaif y Fegeca, califican a este nuevo impuesto como “un atropello fiscal injustificado”, resaltando que  “no está alineado con las políticas de la Unión Europea y repercutirá negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Consideran las asociaciones que “fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos”.

 

 

Como recuerdan estos colectivos, España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno pretende además extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.

 

Incremento del coste de instalaciones

Según las estimaciones de estas organizaciones, la medida encarecería en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, y las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial. Afectará, además, a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los electrodomésticos o la automoción…; y mermaría la competitividad de estos sectores, que facturan más de 130.000 millones de euros y emplean a más de 750.000 personas.

 

Además, “este nuevo gravamen entrará  en vigor en julio de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación”, con lo que “los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias”, denuncian las organizaciones.

 

La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en trámite; y de aprobarse así, “España sería el primer país de la Unión en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose el principio europeo de ‘quien contamina, paga’, incluso aunque sean energéticamente”, argumentan las organizaciones; y recuerdan que otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.

 

Penalización de tecnologías

Además, según los colectivos profesionales, el nuevo impuesto penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos, cuyos beneficios medioambientales “son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera”, indican.

 

Finalmente, los colectivos entienden que el impuesto ignora las reflexiones y recomendaciones de los 60 expertos en fiscalidad, entre los que se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, que han intervenido en el “Libro blanco para la reforma fiscal en España”, publicado en febrero de 2022.  En esta publicación, los expertos destacan que «los gases por los que se tributa  son insustituibles desde el punto de vista tecnológico». También destacan que el impuesto grava “un consumo sin que el operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”, e insisten en que este tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo de fraude”.