20 recomendaciones para que el Gobierno active la rehabilitación energética de los edificios

20 recomendaciones para que el Gobierno active la rehabilitación energética de los edificios

La Alianza Rehabilitar el Futuro, entidad que aglutina a los principales actores y agentes del sector de la rehabilitación energética en España, ha dirigido una carta abierta al Gobierno en la que abogan por la urgencia de la descarbonización del parque edificado para generar crecimiento y empleo. En el comunicado de la Alianza además de “aplaudir los objetivos del Gobierno”, que superan los exigidos por la Unión Europea, y el liderazgo en la defensa de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, ve necesario “hacer de la emergencia climática una emergencia legislativa” y establecer un marco legal estable, articulando mecanismos administrativos, financieros y fiscales que permitan conseguir los objetivos establecidos.

Entidades como Anese, Asociación de Empresas de Eficiencia Energética-A3e y Green Building Council España (GBCe) forman parte de la treintena de asociaciones que confluyen bajo el paraguas de la Alianza, que hace de las reivindicaciones del sector de eficiencia y rehabilitación energética un objetivo prioritario, reclamando con este manifiesto su papel clave en la recuperación y regeneración económica.

Con su manifiesto reclama “un lugar cualificado en la gestión del paquete de ayuda europea de 140.000 millones de euros equiparable a su relevancia medioambiental, económica y social”, señalando que la mejora de la eficiencia es uno de los “ámbitos emblemáticos” y una innegable plataforma en la que centrar el impulso de los planes nacionales de recuperación para acceder a estos fondos.

Los beneficios de la rehabilitación energética son amplios, y en el comunicado se recurre a la oportunidad de aprovechar todo su potencial “para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y afrontar la emergencia climática”.

Las 20 sugerencias de la plataforma

Por ese motivo, los firmantes de Rehabilitar el Futuro agradecen a las distintas administraciones su voluntad de situar como prioridad de sus políticas la lucha contra el cambio climático, y en este sentido, proponen una veintena de medidas y líneas de actuación para crear ese escenario idóneo que potencie la eficiencia y rehabilitación energética de los edificios. Se trata de:

  • El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
  • La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
  • La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda energética.
  • La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados de su financiación.
  • La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), que funciona de forma eficiente en otros países.
  • El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización.
  • La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en edificios.
  • La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética).
  • La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética.
  • La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
  • Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y gestión de programas locales de renovaciones energéticas.
  • Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.
  • La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%.
  • La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación de un Fondo de Garantías.
  • El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en mini-redes y una mayor democratización del sistema energético.
  • La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y sus edificaciones
  • Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de la administración estatal, autonómica y municipal.
  • Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.
  • La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático y Transición Justa relacionadas con la edificación.

Se trata, recuerdan desde la Alianza, de “acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de la edificación”, que deben ponerse en marcha en total sintonía “con la evolución del marco general de sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de economía circular y de liderazgo energético del ciudadano”, concluyen.

 

 

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