Bruselas fija para 2035 el fin de las ventas de coches de combustión
El coche de combustión tiene fecha de caducidad. Lo dice Bruselas en una de las propuestas del gran proyecto climático, con el que trata de adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad. El objetivo es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Desde Bruselas han lanzando el contundente mensaje de que hay reducir las emisiones en la próxima década para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Resulta crucial alcanzar esas metas y el camino requiere acatar una serie de medidas que, además de transformar la economía, van a hacer que Europa lidere la lucha contra el cambio climático.
Propuestas completas e interrelacionadas
Las propuestas de Europa facilitarán la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década. Combinan la aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE con el mayor uso de las energías renovables, impulso de la eficiencia energética, ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo, medidas para evitar la fuga de carbono, instrumentos para preservar y potenciar nuestros sumideros naturales de carbono y, especialmente, un despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles para sostenerlos.
Se trata de señales claras dirigidas a sectores productivos para que incluyan entre sus estrategias la lucha contra el cambio climático. De no ser así, tendrá cada vez más difícil el acceso al mercado europeo. El mensaje ha sido más director para la industria de la automoción, ya que Bruselas ha propuesto que a partir de 2035 no se puedan vender turismos ni furgonetas nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de gasolina, diésel, gas e híbridos.
La propuesta, por tanto, es una advertencia para que los fabricantes europeos apuesten de forma más decidida por el coche eléctrico y, al mismo tiempo, lanza un llamamiento a la ciudadanía para que cambie sus hábitos y contribuya a hacer una Europa menos contaminada. Las reacciones no se han hecho esperar entre la industria del automóvil, que reclama plazos más dilatados de tiempo para asumir esas medidas.
Además de ese veto a los coches de combustión, Bruselas propone rebajar aún más el límite global de emisiones y aumentar su ritmo anual de reducción. En los últimos 17 años, se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8%.
Avances en la transición energética
Partiendo de que la producción y uso de la energía representan el 75% de las emisiones de la UE, hay urgencia por acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico. Así, la Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará un objetivo más ambicioso a fin de producir el 40% de nuestra energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2030. Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria.
Pero para cumplir esos objetivos climáticos y medioambientales hay que reforzar los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía y los Estados miembros deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa.
También, para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE, determinando también cómo fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. En este contexto, se señala que el sector público tendrá que renovar el 3% de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.
A todo ello se suma la revisión de la fiscalidad de los productos energéticos, en línea con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competencia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo.
Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una «fuga de carbono». De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa. Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección.
A partir de ahora, estas propuestas, que están interrelacionadas y resultan complementarias, tendrán que ser consensuadas y pactadas con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Estados miembros, en una negociación que se prevé llena de escollos. Una vez salga adelante, cada uno de los veintisiete países tendrá que modificar sus propias leyes y normativas para adecuarlas a Europa.
