Casi un centenar de ayuntamientos acumulan una deuda de 213 millones por demoras en el pago
Casi un centenar de ayuntamientos españoles, 96 en concreto, tardan de media más de un año en pagar sus facturas, acumulando una deuda de casi 213 millones. Estos datos los ha facilitado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas.
Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha reaccionado con contundencia ante esos datos, exigiendo que se apliquen “de una vez por todas” medidas que permitan ponerle freno a la morosidad, tanto en el sector privado como en el público. Además, Cañete advirtió que la Unión Europea está analizando exhaustivamente la documentación recibida para determinar si nos imponen o no multa una multa. La posibilidad está en el aire, según comunicó la propia institución a la Plataforma, en el transcurso de una reunión mantenida hace apenas unas semanas, en la que se abordó el problema de la morosidad. El consenso al que llegaron ambas partes es que urge y es necesario que se adopten medidas contundentes para acabar con esa lacra en nuestro país.
‘Declaración responsable’ del sector privado
La PMcM considera una afrenta que el sector privado, para acceder a los fondos europeos, solo tenga que presentar una ‘declaración responsable’, que le avale que paga en los plazos. Cañete reclama “que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”, y alienta a “conseguir también que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago (pmp) para que se tengan en cuenta los confirming (estos enmascaran la realidad de los plazos de pago)”.
Aunque discrepan con el anteproyecto de la ley Crea y Crece, desde la PMcM ven positiva la propuesta recogida en este texto sobre implantar la factura electrónica en todas las pymes, lo que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”, asegura Cañete. Sin embargo, “creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos; muy al contrario, creemos que empeorarán”.
Tras mencionar que, en relación a ley de contratos del sector público, la PMcM propone que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos, y que esto no sea solo una potestad de los contratistas y la AAPP, desde la Plataforma consideran que el anteproyecto de la ley Crea y Crece “no resuelve los problemas de morosidad”, resultando más efectivo un régimen sancionador. Llegados a este punto, recuerdan que, en 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.
