El Congreso da luz verde al real decreto ley que impulsará las energías renovables
Este pasado 15 de julio, el Congreso aprobó, con 188 votos a favor, 1 en contra y 158 abstenciones, el Real Decreto-ley 23/2020 que incluye toda una batería de medidas destinadas a impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable que, al mismo tiempo, sirva de palanca para motivar la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo.
La norma no sólo se pronuncia a favor de la eliminación de barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, sino que introduce un nuevo modelo de subastas, avanza en la definición de las nuevas normas de acceso y conexión a red y fomenta la eficiencia energética, tratando de sentar las bases de una hoja de ruta que conduce hacia un cambio de modelo energético. Se trata, según apuntó la ministra la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de establecer “un marco seguro para atraer la inversión, poniendo en marcha los proyectos para llegar a ser 100% renovables antes de 2050”.
De entrada, el RDL 23 establece los criterios para ordenar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, necesarios para que los promotores de energías renovables puedan poner en marcha sus plantas. Esta regulación endurece las condiciones de las autorizaciones para garantizar que estén ligadas a proyectos reales y firmes, y no solamente un permiso con el que se pretende especular en el mercado. El objetivo de evitar los movimientos especulativos, por eso si no se logran acreditar los pasos establecidos, el permiso de acceso caducaría de inmediato.
Nuevo sistema de subastas
El nuevo real decreto-ley contempla un sistema de subastas que sustituye al anterior de primas, vigente desde 2013 y diseñado pensando en que generar un kilovatio hora renovable costaba más que el precio al que luego se vendía al mercado. La situación es justo la contraria y el nuevo sistema habilitado ofrece al promotor un precio por la energía a largo plazo. Además, garantiza la previsibilidad y estabilidad de los ingresos y financiación para los inversores de energía renovable, con la intención de explorar nuevos modelos de negocio que permitan recuperar la inversión.
En suma, se trata de hacer llegar a los consumidores los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. Con esta medida se intenta favorecer tanto a los usuarios como a la industria, contribuyendo a la competitividad de la economía española.
Para Ribera, este real decreto-ley “prepara nuestra legislación, actualizándola en base a los objetivos europeos”. Así, el texto incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio, regulando almacenamiento de energía, sistemas de baterías para almacenar la energía producida en una planta solar, de manera que pueda ser empleada en un momento distinto del que se produce. También incorpora la hibridación, que permite combinar varias tecnologías renovables –fotovoltaica y eólica, por ejemplo-, en una misma instalación.
Un apunte más de este real decreto-ley es que declara de utilidad pública las infraestructuras asociadas a los nuevos puntos de suministro para la movilidad sostenible de alta capacidad -con potencia superior a 250 kW., para permitir que se abran estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas.
Además de incorporar la figura del agregador independiente, un nuevo modelo de negocio que se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado, en el real decreto-ley se establece la obligación de seguir contribuyendo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el fin de conseguir aumentar la inversión en eficiencia energética y su gran efecto movilizador.
