El Ejecutivo aprueba los primeros 20.000 millones en avales para inyectar liquidez a pymes y autónomos
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes las condiciones de la línea de avales que por valor de 20.000 millones de euros permitirán garantizar la liquidez de pymes y autónomos.
El Ejecutivo da así luz verde a unas medidas orientadas a dar liquidez y abrirle el grifo de la financiación a este colectivo muy tocado por la crisis, con la idea de que pueda recuperar la estabilidad y actividad productiva necesaria una vez se supere la actual situación.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que la mitad de ese montante -unos 10.000 euros- estará reservado a garantizar nuevos préstamos y que el Ejecutivo responderá con el 80% del total de los créditos que se concedan a pymes y autónomos, con independencia de que sean nuevos o renovaciones. Las empresas con mayor músculo financiero contarán con avales del 70% para los préstamos nuevos y un 60% para las renovaciones.
La medida tendrá carácter retroactivo para operaciones concedidas desde el pasado 18 de marzo y los avales garantizarán tanto los nuevos préstamos como la renovación de los que ya estaban activos para que todas esas empresas puedan atender sus necesidades financieras derivadas del pago de salarios, facturas y vencimientos de obligaciones financieras o tributaria.
Tras insistir en que se trata de preservar tanto la actividad productiva como el empleo, la ministra reconoció que una vez se agote este primer tramo de avales, se activará de forma automática el resto de capital destinado a este fin, esto es, los 100.000 millones anunciados.
Otras medidas económicas
En ese conjunto de medidas inéditas puestas en marcha por el Gobierno, la ministra portavoz avanzó que se podrá aplazar el pago de impuestos durante seis meses, tres de ellos sin intereses, y ayudas para que aquellos que cesan su actividad o sufren caídas del 70% consistentes en no pagar cuotas y recibir prestación.
Además, se ha aprobado la distribución entre las comunidades y ciudades autónomas de los 300 millones del Fondo Social Extraordinario contenido en el Real Decreto-ley 8/2020 aprobado el pasado martes. El reparto se ha hecho fundamentalmente en función de la población, aunque también se han tenido en cuenta la dispersión y el porcentaje de mayores de 65 años.
A todo ello hay que sumarle que las empresas que hayan sufrido un ERTE no tendrán que pagar las cuotas de sus trabajadores y, además, explicó Montero que queda abierta la posibilidad de aprobar nuevas medidas.
