El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Cambio climático y Transición Energética

El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Cambio climático y Transición Energética

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que remitirá a las Cortes para su tramitación. El objetivo de esta iniciativa es que España alcance la neutralidad de emisiones contaminantes antes de 2050, según anunció la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En su comparecencia, Montero destacó que, para el Ejecutivo, la transición energética y la lucha contra la emergencia climática tienen que ser los “dos grandes ejes sobre los que pivotará la reconstrucción del país”, que se ha de sustentar en el Acuerdo Verde Europeo y en la transición justa. También señaló que se trata de un “pacto intergeneracional” para los más jóvenes, auténticos “herederos de las políticas que se apliquen a día de hoy”,

En el mismo sentido, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, defendió que “no podemos volver al modelo anterior”, sino que hay que avanzar y promover un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, que tenga en cuenta a los más desfavorecidos, evite el incremento de las desigualdades, genere empleo de calidad, modernice la economía y la industria, permita vivir en ciudades más saludables, reconozca el valor del desarrollo rural y proteja la biodiversidad.

Las claves de la futura Ley 
La vicepresidenta avanzó que el texto, cumpliendo el Acuerdo de París, y en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía, determina que España además de alcanzar la neutralidad de emisiones antes del año 2050, defiende que el sistema eléctrico tendrá que ser cien por cien renovable antes de esa fecha. Para ello, el proyecto legislativo marca una senda que transita por la reducción en 2030 de las emisiones de CO2 en hasta un 20% respecto a 1990, “lo que en la práctica supone retirar una de cada tres de las toneladas que emitimos en la actualidad”, tal y como se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Además, con el objetivo de activar el despliegue de las energías limpias, establece que 35% del consumo final de energía, incluidas todas las fuentes, debe ser de origen renovable y el 70% de la energía que genere el país debe proceder de fuentes renovables. Se trata de “fuentes de energía más baratas, más sencillas, más productivas y la que tienen una cadena de valor industrial más interesante para nuestro país”, subrayó la vicepresidenta.

Ribera ha afirmado que, en el año 2030, España habrá aumentado de manera significativa su eficiencia energética, lo que permitirá liberar recursos para que sean empleados en otras políticas públicas. El objetivo den este contexto es reducir en, al menos, el 35% el consumo primario de energía gracias a las medidas de eficiencia energética, que serán especialmente importantes en el sector de la edificación.

Además, la norma sienta las bases para una movilidad sostenible y establece un marco para que el mundo de las finanzas se oriente hacia inversiones sostenibles. Se trata, ha dicho Ribera, de “no desperdiciar un euro, y que cada una de las decisiones públicas o privadas de inversión vayan en la dirección correcta, movilizando el cambio y evitando que el dinero acabe en la basura”.

La norma también introduce obligaciones de reporte del riesgo de cambio climático en mercados regulados, entidades de crédito, aseguradoras, en el sistema financiero y energético. Promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos y apuesta por la capacitación en empleos del futuro vinculados a una economía baja en carbono.

Se estima que el proceso de la transición ecológica pueda atraer la movilización de 200.00 millones de euros de inversión hasta 2030 y crear entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año, apuntó la responsable ministerial, quien precisó que la mitigación de las emisiones de efecto invernadero se aborda desde una perspectiva sectorial, identificando áreas clave, como la hidrológica, territorial, urbanística, el desarrollo urbano, la edificación de infraestructuras del transporte, la agraria forestal y la de conservación de la biodiversidad.

La vicepresidenta pidió de los grupos parlamentarios coherencia y voluntad de enriquecer el texto durante la tramitación de la futura ley, ya que “si sentamos las bases de un nuevo modelo de prosperidad, respetuoso con los límites ambientales y centrado en el bienestar de las personas”, explicó, “seremos capaces de proveer empleos de calidad, estables, en el sistema económico, industrial, puntero, líder de la economía baja en carbono”.

Movilidad más sostenible 

Otro de los puntos de interés es que las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas destinadas a conseguir un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 de 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán medidas para que los vehículos ligeros –excepto los vehículos históricos o los comerciales– reduzcan de aquí a 2040 sus emisiones para que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetros. El Ministerio añade que previa consulta con el sector se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a I+D+i.

Adicionalmente, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer “no más tarde de 2023” zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte púb

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