Las claves del nuevo Real Decreto para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el último Consejo de Ministros se ha aprobado el Real Decreto que mejora la gestión de residuos de pilas, acumuladores y de aparatos eléctricos y electrónicos, modificando dos textos previos: el Real Decreto sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos de 2008 y el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015.
A destacar que este es el cuarto Real Decreto que en materia de gestión de residuos se eleva a Consejo de Ministros desde la aprobación en junio pasado de la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030.
La nueva normativa, que responde a las prioridades nacionales y europeas en materia ambiental, alineándose con el Pacto Verde Europeo, incorpora las modificaciones introducidas en 2018 en las Directivas comunitarias que regulan ambos flujos de residuos en los reales decretos correspondientes, en particular la obligación de hacer uso de instrumentos económicos para aplicar el principio de jerarquía en la gestión de estos residuos.
Mejoras introducidas
- El texto fija una mejor clarificación en el ámbito de aplicación de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), incidiendo en que, desde agosto de 2018, se aplica a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y no solo a categorías determinadas. La finalidad es disponer de una clasificación más sencilla y coherente con los requisitos de tratamiento específico para cada tipo de RAEE.
- También se concretan los objetivos de gestión de residuos que deben cumplir los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, teniendo en cuenta el peso de los RAEE recogidos y financiados por los productores tras su tratamiento específico.
- Adicionalmente, se ordenan las responsabilidades que asumen los productores y se distinguen de otras que se cumplen a través de los sistemas de responsabilidad ampliada, sin suponer en ningún caso una extensión o modificación de sus obligaciones.
- Por último, permite que los sistemas colectivos puedan realizar actividades complementarias siempre que sean financiadas de forma voluntaria y únicamente por aquellos productores que hayan decidido participar en ellas. Al mismo tiempo, se adecúa el importe de su garantía financiera al 25%. Ya que la actual, que representa el 100% del coste medio anual de gestión de los RAEE, resultaba excesiva.
Mayor fiabilidad
La nueva reglamentación aporta mayor fiabilidad al establecer los objetivos de recogida estatal de RAEE, pudiendo añadir objetivos específicos para ciertos aparatos y realizar un seguimiento más idóneo de su gestión de residuos. A destacar la incorporación de un nuevo mecanismo que permitirá flexibilizar los objetivos de recogida separada de las categorías de RAEE; con ello, se podrán establecer objetivos menores para categorías de RAEE con más dificultad de recogida y objetivos mayores para otras categorías en las que la cantidad de residuo sea más significativa, sin que se altere el objetivo estatal de cumplimiento.
Al mismo tiempo, se mejora la coordinación en materia de RAEE a través del grupo de trabajo de la Comisión de coordinación en materia de residuos, que pondrá el foco en las campañas de comunicación presentadas por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, mediante mecanismos de valoración.
El documento también refuerza el control de los aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de terceros países, al establecer que deben incluirse, de forma visible, el número de inscripción en el Registro Integrado Industrial en la acreditación documental de la importación de estos dispositivos. Este aspecto deberá ser comprobado y supervisado por el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, según lo dispuesto por el Real Decreto sobre medidas de control a la importación de determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos.
El proyecto responde a las prioridades nacionales y europeas en materia ambiental, alineándose con el Pacto Verde Europeo, que incluye entre sus medidas impulsar y reforzar la economía circular en Europa para hacerla una realidad. Adicionalmente, se ajusta al desarrollo de los principios de la economía circular, que se han transformado en ambiciosos objetivos para los próximos años, tal como queda reflejado en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, aprobada el pasado mes de junio.
