El Gobierno aprueba un Real Decreto ley con medidas para impulsar las renovables y reactivar la economía

El Gobierno aprueba un Real Decreto ley con medidas para impulsar las renovables y reactivar la economía

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer un decreto ley con medidas para impulsar, de forma “ordenada” y “rápida”, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con los objetivos que se persiguen con el Pacto Verde Europeo.

En el nuevo escenario que se quiere eregir se eliminan las barreras existentes que limitan el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética. La finalidad es construir un  marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Este marco permitirá, además, reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata. Y todo ello, en el contexto de la recuperación tras la pandemia del coronavirus.

En sus cuatro bloques, el texto normativo incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas;  el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos año; el  fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al tiempo qjue establece una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo.

Ordenación de acceso y conexión a la red

El decreto regula los  permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, con el objetivo de asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar así los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

La idea es garantizar sólo la puesta en marcha de los proyectos solventes que,  en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

Sistema  de subastas y reactivación económica

Otro elemento clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

El texto también  simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha; y  permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes –electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.– que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

En la misma línea de activación económica, la norma incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad, como la figura del almacenamiento y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Puntos de recarga

La expansión del vehículo eléctrico también se contempla en este decreto, que califica de declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

La norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

Asimimso, y  con el  objetivo de paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial. Esto supondrá que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019.

Cogeneración y biomasa

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible, como las instalaciones de cogeneración, de tratamiento de purines, de lodos de aceite y a las biomasas, se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación.

La norma también define el objetivo del Instituto de Transición Justa, que se crea para  facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica; y modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

 

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