El Gobierno apuesta por una FP más conectada con el mundo laboral
Acumulable, flexible, capitalizable, acreditable y directamente conectada con la empresa. Así será la nueva formación profesional que regula la futura Ley orgánica de Ordenación e Integración, cuyo borrador fue aporobado ayer por el Consejo de Ministros.
El principal objetivo del nuevo texto es “transformar la formación profesional para que sea de primer nivel, dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses y aspiraciones de cualificación profesional de las personas”, destacó la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. De esta forma, se tratará de consolidar una oferta formativa única, acreditable y flexible dirigida a estudiantes y trabajadores, tanto empleados como desempleados.
Con la futura ley se pretende, además, subsanar los cuatro problemas estructurales de la Formación Profesional actual: desequilibrio entre el nivel de formación y las necesidades del mercado laboral; baja acreditación de las competencias profesionales; escaso tiempo dedicado a la formación y baja tasa de matriculación de alumnos en estas enseñanzas.
Oferta formativa y formación dual
El nuevo sistema, que responde al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y tendrá validez académica y profesional, incluirá una nueva oferta por grados ascendentes de formación: Grado A: acreditación parcial de competencias; Grado B: certificado de competencia profesional; Grado C: Certificado Profesional; Grado D: Ciclos formativos (básico, medio y superior) y Grado E: curso de especialización (especialistas y másteres).
Cada persona podrá diseñar su itinerario formativo adaptado a sus expectativas profesionales, circunstancias personales o necesidades laborales. Además, se pondrá por primera vez a disposición de todos los ciudadanos las denominadas ‘microformaciones’, unidades formativas de corta duración (30 a 50 horas).
Además, toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual (general y avanzada) para reforzar así la relación entre los centros de formación y los de trabajo, bajo la tutela de las comunidades autónomas.
El texto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa, que evaluarán los aprendizajes del alumnado en cada uno de sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de formación. Cada estudiante dispondrá un plan personalizado.
