El Gobierno declara la emergencia climática

El Gobierno declara la emergencia climática

En respuesta a la voluntad ya expresada por una amplia mayoría del Congreso de Diputados, y tal como había avanzado el presidente Pedro Sánchez un día antes, el Consejo de Ministros de ayer ha cumplido con su agenda de aprobar el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España. Esa medida implica el compromiso de implantar con mayor contundencia 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas ya en los primeros 100 días de mandato, destinadas a combatir el cambio climático con políticas transversales.

Entre las primeras acciones que el Ejecutivo quiere poner en marcha figura la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático o que que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente, con un modelo similar a Madrid Centro-, además de la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, con una participación directa y activa de los más jóvenes.

Medidas más contundentes

La Declaración, que ya ha suscitado las primeras reacciones -entre ellas la de GreenPeace que, aunque la aplaude, exige medidas más ambiciosas-, se adopta con el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto «sin precedentes» que supone mantener el actual modelo en el calentamiento del planeta. Buscar una salida a esa problemática implica un nuevo modelo de desarrollo basado en la necesidad de alcanzar la neutralidad climática en 2050, un desafío que implica avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo verde y de calidad.

«Un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos para 2030», es como define el Ejecutivo esta acción, con la que busca ir completando «una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política».

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que la declaración «debe inspirar todas las políticas públicas» y permitir al Gobierno desarrollar su compromiso con la lucha contra el cambio climático de forma más profunda, rápida y ambiciosa, sumando los esfuerzos de todas las administraciones. Su mensaje fue contundente y claro, evidenciando que «las instituciones tenemos la responsabilidad de evitar el incremento de los problemas y facilitar las soluciones».

En este contexto, la Declaración evidencia que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

Cinco actuaciones urgentes

Con un paquete integrado por cinco medidas concretas, el Gobierno asumirá el compromiso de hacer frente al cambio climático implementando esas actuaciones durante sus primeros cien días de mandato. Se trata del marco regulatorio fundamental que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.

También definirá la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, para asegurar el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

En la línea de invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

Asimismo, se reforzarán los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes e impulsará la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Puntos calientes

Con el añadido de la región mediterránea, en la que se incluye a España, está considerada uno de los «puntos calientes» globales en materia de cambio climático, la realidad requiere actuar con políticas que se vertebren sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello conduce a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad.

Con este espíritu, y junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus nivele. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

En línea con el carácter inclusivo del nuevo Gobierno, destaca la necesidad de implementar políticas «que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios», actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. También se pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. Al hilo de todo ello, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.

Una buena parte de las medidas se centran en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para «garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema». Con una primera medida que contempla la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público, se fomentará también la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En consecuencia, se acuerda no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.

La Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos también figuran entre las medidas, abordando así el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar «residuo cero» en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como la ya citada implantación de zonas libres de emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes.

Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.

Pasos dados

El acuerdo destaca que los primeros pasos de esta transformación ya se han activado. En particular, hace referencia al PNIEC 2021-2030, que sitúa a España en la «senda correcta» para lograr que la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050, eliminando, en la próxima década, una de cada tres toneladas de CO2 emitidas actualmente. Para ello, en 2030 se habrá duplicando el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, se espera que el 74% será de origen limpio.

Todo ello en línea con el aumento anunciado por la Comisión Europea de los objetivos para 2030, que contempla incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones para el conjunto de la Unión Europea a una horquilla que oscila entre el 50% y el 55%.