El Gobierno desbloquea 17.900 millones de euros adicionales para reforzar las redes eléctricas hasta 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un nuevo real decreto que permitirá acelerar la electrificación de la economía española mediante un importante impulso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. La norma habilita 17.900 millones de euros adicionales de inversión hasta 2030, una medida considerada clave para responder al crecimiento de la demanda eléctrica y facilitar la transición energética.
Con este nuevo marco regulatorio, el Ejecutivo pretende superar las limitaciones que imponían los actuales topes de inversión, fijados en el 0,065% del PIB para la red de transporte y el 0,13% para la distribución, unos límites que, según el Gobierno, ya no responden a las necesidades derivadas de la descarbonización, la electrificación del consumo y el aumento de las solicitudes de acceso a la red.
Más de 35.000 millones para modernizar las redes
El incremento de la capacidad inversora se aplicará de forma progresiva entre 2027 y 2030. En el ámbito de la distribución eléctrica podrán destinarse 10.200 millones de euros adicionales, distribuidos entre 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030.
Por su parte, las redes de transporte podrán recibir hasta 7.700 millones de euros adicionales, sujetos a la aprobación definitiva de la Planificación de Electricidad 2030. Las inversiones previstas alcanzan los 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.
Sumando estas cantidades a las inversiones ordinarias contempladas en el sistema eléctrico, el volumen total destinado a infraestructuras de red podrá superar los 35.000 millones de euros antes de finalizar la década.
Redes preparadas para la electrificación
El Gobierno considera que este esfuerzo inversor permitirá atender el crecimiento de nuevas demandas asociadas a la industria, la movilidad eléctrica y la electrificación de edificios, además de facilitar la conexión de nuevos consumidores y proyectos industriales.
En el caso de las redes de distribución, el real decreto delimita el destino de las inversiones adicionales. La mayor parte se orientará a atender nuevas demandas industriales, residenciales y vinculadas a la descarbonización del transporte.
Asimismo, hasta un 20% de los recursos podrá destinarse a actuaciones de digitalización, control remoto, observabilidad de la red y ciberseguridad. Otro 20% podrá emplearse en inversiones anticipatorias para desarrollar infraestructuras en zonas donde aún no existe una demanda consolidada, pero sí perspectivas de crecimiento.
La norma también contempla inversiones para adaptar las líneas eléctricas a la normativa de protección de la avifauna y reforzar la resiliencia de las infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Mayor transparencia en la planificación
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo marco regulatorio es el refuerzo de la transparencia en la planificación de las inversiones, especialmente en el ámbito de la distribución eléctrica.
Las empresas distribuidoras deberán someter sus planes de inversión a consulta pública, permitiendo que administraciones y agentes del sector presenten propuestas antes de su aprobación. Además, tanto los planes como los informes anuales de ejecución deberán publicarse en Internet para facilitar el acceso a la información por parte de los consumidores y de quienes deseen conectarse a la red.
El decreto incorpora, además, un sistema de penalizaciones para aquellas compañías que, de forma reiterada, ejecuten inversiones significativamente inferiores o superiores a las previstas, ajustando en consecuencia los límites de inversión autorizados en ejercicios posteriores.
Un impulso para la economía y la transición energética
Más allá del refuerzo de las infraestructuras eléctricas, el Ejecutivo destaca el impacto económico que generará este volumen de inversión. Según los estudios citados por el Gobierno, cada millón de euros destinado a redes eléctricas puede generar un efecto multiplicador de 1,27 millones de euros sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) y contribuir a la creación de alrededor de 20 empleos.
Además, la incorporación de nuevos usuarios a la red permitirá repartir los costes de las infraestructuras entre una mayor base de consumidores, lo que, previsiblemente, contribuirá a contener los peajes eléctricos que se repercuten en la factura final.
Con esta medida, el Gobierno busca dotar al sistema eléctrico de la capacidad necesaria para afrontar el proceso de electrificación de la economía y acompañar el crecimiento de las energías renovables, la industria y la movilidad sostenible durante los próximos años.
