El Gobierno impulsará la figura del ‘agente rehabilitador’
“El modelo de gestión de los fondos europeos para la rehabilitación se lanzará en verano y será un primo hermano del PREE que gestiona el IDAE”, avanzó Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), durante la celebración de la Asamblea Anual de Andimat.
Martín también reconoció que se impulsará la actividad de cualquier empresa, profesional, entidad o gestor que pueda hacer toda la labor que está implícita en la rehabilitación, desde la elaboración de la documentación técnica, la solicitud de las ayudas hasta la obtención de la financiación, poniendo el foco en el “modelo de agente rehabilitador o gestor que se encargue de toda la documentación técnica y la financiación, de manera que, si así lo acuerda la comunidad de propietarios, sea la entidad la que gestione todas las ayudas”.
Entre medias, deslizó que “este es el momento y la oportunidad para revitalizar el parque edificado, y lo tenemos que saber trasladar a la sociedad y al sector” porque, alertó, “si no generamos un modelo a medio-largo plazo, que no sea estrictamente dependiente de una inyección de capital, fracasaremos”, ya que su impresión es que se agotarán esos fondos europeos -un paquete cuantificado en 6.829 millones de euros-, y se dejará de rehabilitar.
A pesar de que España ha tenido las mejores valoraciones en la Estrategia de Rehabilitación a Largo Plazo entre los estados miembros, el reto de su última actualización está en ejecutarla. “No solo tenemos la oportunidad, sino también la obligación de implementar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance porque no nos podemos permitir no gastar los fondos de recuperación de transformación y resiliencia, que tienen su mayor componente en la rehabilitación energética, y de la que el Gobierno confía en que sea uno de los principales tractores de la economía”, advirtió Martín.
Medidas fiscales y de desgravación
A la necesidad de un cambio de paradigma, ahora se une la complejidad de la gestión de un importante volumen de fondos que se tendrán que consumir en muy pocos años. De ahí que el reto pasa por establecer diferentes mecanismos encaminados a un mismo objetivo: llegar a una escala de rehabilitación residencial, tal y como identificó Martín.
Las prioridades pasan por implantar medidas fiscales, fijando una desgravación, que, en el tramo más ambicioso, supondrá hasta el 60% de la actuación de rehabilitación con unos límites máximos por vivienda que permitan alcanzar, al menos, un 30% de los ahorros en consumo de energía primaria no renovable que exige la Comisión Europea.
El Ministerio sumará a las ayudas directas y la desgravación, incentivos para crear oficinas de rehabilitación, que no solo informen a los ciudadanos y pongan en relación a los diferentes agentes del sector, sino que se conviertan en ventanillas únicas de tramitación de expedientes.
En paralelo, se subvencionará el 100% de un documento técnico previo que permita a la comunidad de propietarios visualizar cuál es el potencial de mejora del edificio al realizar actuaciones de rehabilitación. “Se pretende sobre todo”, reconoció Martín, “concretar el tipo de actuaciones que serían óptimas para su mejora, determinar un avance de coste, e incluso las posibles fases de actuación”.
El objetivo es cubrir con un porcentaje importante de subvención los proyectos y que la comunidad de propietarios no soporte ningún coste, tampoco con la redacción del proyecto.
Impulso a la figura del agente rehabilitador
Deslizó el representante del MITMA, que el Gobierno facilitará y activará los modelos “llave en mano”, apoyando la actuación de cualquier empresa, profesional, entidad o gestor capaz de realizar todas las tareas implícitas en la rehabilitación, desde la elaboración de la documentación técnica a la solicitud de las ayudas, pasando por la financiación.
La idea es impulsar el modelo de “agente rehabilitador o gestor encargado de toda la documentación técnica y la financiación, de manera que, si así lo acuerda la comunidad de propietarios, sea la entidad la que gestione todas las ayudas”, aseguró Martín.
En cuanto a la financiación privada, necesaria para cubrir una parte de esas actuaciones, el Gobierno busca potenciar la participación de las entidades que puedan facilitar financiación en condiciones atractivas. “Existe voluntad por parte de los bancos, pero también estamos trabajando en la posibilidad de algún aval parcial al crédito a la rehabilitación”, informó Martín, adelantando que sería una medida complementaria al establecimiento de Planes Renove de segmentos de actuación, como carpinterías o fachada y cubierta, que pudieran gestionarse directamente por el fabricante o el instalador.
Estos incentivos a la actividad rehabilitadora integrarán el modelo de gestión de los fondos europeos que el Gobierno está ultimando, y que será gestionado, a excepción de la fiscalidad, por las Comunidades Autónomas. Será un modelo único en el que las bases reguladoras las establecerá el Ejecutivo nacional, y que será común para todas las Autonomías.
“En verano lanzaremos la regulación de todo este paquete”, avanzó, a través de un Real Decreto y con la finalidad de que estén operativos en el segundo semestre. Las expectativas son grandes y no se descarta, incluso, que la actual asignación pueda incrementarse, al fallar otras líneas, lo que facilitaría la llegada de nuevas partidas España.
Pero eso es adelantar acontecimientos. Lo real es la asignación actual dirigida al ámbito residencial y que se estructura, según Fernando García Mozos, jefe del Departamento de Residencial y Edificios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de forma muy similar al actual PREE, que ha venido a ser la primera línea de ayudas activa del Plan de recuperación y que, anunció el directivo del IDAE, tendrá su continuidad una vez finalice en julio la convocatoria vigente, no sin antes alertar de la necesidad de “generar demanda”. Basta el dato de que, hasta el momento, el 90% de las rehabilitaciones que se han presentado en las comunidades de propietarios, mayoritariamente actuaciones en la envolvente, han sido activadas más por las empresas de rehabilitación que por el ciudadano.
