El Gobierno movilizará 200.000 millones de euros para frenar la crisis económica
Con el argumento rotundo y contundente de que esta es una «crisis pasajera que no va a dejar a nadie atrás», el presidente Pedro Sánchez anunció ayer, en uno de las ruedas de prensa más esperadas desde que estalló la crisis del COVID-19, que el Gobierno movilizará 200.000 millones de euros, el equivalente al 20% del PIB, para garantizar la liquidez del tejido empresarial. De ese montante, 117.000 procederán de fondos públicos y el resto de aportación privada.
Se trata de un plan de choque muy ambicioso con un paquete de medidas «inéditas», apuntó Sánchez, «excepcionales para unos momentos excepcionales», con las que se persigue amparar a los autónomos, empresas, familias vulnerables y trabajadores en general.
El «escudo económico y social» que han tejido los poderes públicos para combatir la situación de paralización de la economía contempla desde la moratoria en el pago de las hipotecas para afectados por la crisis, hasta prohibir el cese de suministros básicos, como agua, luz, gas e incluso telecomunicaciones, pasando por mayor liquidez para las pymes y autónomos, a través de préstamos y avales para no romper la cadena productiva, y la flexibilidad para las empresas que recurran a los ERTES, expedientes de regulación de empleo temporales que afectan a día de hoy a más de 100.000 trabajadores tras asumirlo muchas empresas, que han visto parada de golpe su actividad económica debido a esta situación de emergencia.
Además de proveer de recursos al sector sanitario, Sánchez deslizó que la aprobación del Real Decreto Ley con el que se quiere frenar la caída productiva y el empleo se ha realizado contando con el consenso de responsables de las administraciones autónomas, agentes sociales, patronal o sindicatos, que han aportado algunas de las propuestas e iniciativas.
4 áreas prioratarias
Apoyar a las familias más vulnerables
Anunció el presidente que se destinarán 600 millones para proteger a las personas y familias más vulnerables, financiando prestaciones básicas de los servicios sociales de las CC AA y entes locales. También que se garantizarán los suministros básicos, como agua, luz y gas, y servicios de telecomunicaciones, y una propuesta muy destacada es la moratoria en el pago de las hipotecas para los usuarios en especial estado de vulnerabilidad.
Apoyar a los trabajadores
Con la idea de potenciar y reforzar la protección del empleo, habló en primer lugar de la adaptación de las jornadas, para que los trabajadores puedan conciliar, y citó a continuación la medida de flexibilidad del teletrabajo, cuando las circunstancias lo permitan.
Con un llamamiento directo para que no se despida indefinidamente a los trabajadores, una de las medidas más llamativas es realizar los ajustes de plantilla a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES) que beneficiarán a trabajadores afectados, que podrán tramitar su prestación de desempleo, aunque no cumplan los requisitos.
En cuanto a autónomos, se flexibiliza el cese de actividad permitiendo que aquellos que hayan visto mermados significativamente sus ingresos puedan acceder a una prestación. También se les exonera del pago de sus cuotas a la Seguridad Social.
El jefe del Ejecutivo instó a que no se recurra al despido, destacando que estas medidas priorizan la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores.
Apoyar a las empresas
«El Estado va a proporcionar al tejido empresarial la liquidez que necesita para mantenerse operativo», aseguró Sánchez, que anunció la aprobación de una línea de financiación de 100.000 millones que, a falta de concreción, se realizará a través de avales y garantías para las empresas.
También destacó avales adicionales de 2.000 millones para las empresas exportadoras, además de la aceleración en la puesta en marcha de programas de apoyo a la digitalización e I+D+i, asegurando también que las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público. Explicó, en relación con las empresas españolas afectadas por esta situación de falta de liquidez, que se ha reformado la normativa sobre inversiones extranjeras para impedir que sean adquiridas por compañías extranjeras.
Apoyar a la investigación
Llegados a este punto, el presidente subrayó el compromiso con la investigación científica, que se concreta en una línea de 30 millones para impulsar esta actividad frente a la crisis.
¿Cómo afecta a las empresas instaladoras?
Aunque es pronto para detallar cómo afectará este actual escenario de paralización a las más de 15.000 empresas instaladoras y cerca de 95.000 trabajadores agrupados bajo el paraguas de FENIE, a nadie se le escapa que las repercusiones serán muy serias y graves, afectando de pleno a la línea de flotación de estas pymes, la mayoría de ellas con muy pocos trabajadores.
Al no tener acceso a los lugares de trabajo habituales, como en el caso de las obras, por decisión del promotor/constructor; a las industrias, al no estar las empresas instaladoras directamente relacionados con la actividad principal del negocio; o al sector terciario, donde solo se permite el acceso a los ciudadanos y al personal del mismo, se prevé un balance muy alarmante que estas medidas podrían paliar en parte. Las opciones serían:
- Acogerse a un ERTE, en caso de tener trabajadores, con el compromiso de admitirlos una vez pase la crisis. Con ello podrían ahorrarse el pago de sus cuotas y ayudarían a que no se destruya empleo.
- Poder acceder a la prestación de desempleo, en caso de autónomos y trabajadores, pudiendo estos últimos realizar la tramitación incluso si no cumplen los requisitos.
- Acceder como empresa a las ayudas de financiación para generar liquidez.
- Acceder a las ayudas anunciadas para impulsar la digitalización de las empresas.
Todo ello sin olvidar que hay incentivos procedentes de CC AA y ayuntamientos que también tienen a pymes y autónomos en su punto de mira.
