El Gobierno presenta el Plan Social para el Clima: 9.099 millones para descarbonizar vivienda y transporte
En un contexto marcado por la inestabilidad internacional derivada de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que ha evidenciado los riesgos de la dependencia de combustibles fósiles importados, el PSpC, que abarca el periodo 2026-2032, se centrará en colectivos vulnerables, en dos ámbitos clave como son los edificios y del transporte por carretera. El objetivo es «facilitar que la descarbonización de la economía continúe mejorando la calidad de vida, la habitabilidad y la equidad social».
El plan, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará financiado en un 25% por el ejecutivo y el resto por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. Del importe de los 9.099 millones, 4.723 millones se destinarán al sector de los edificios y 4.376 millones al sector del transporte.
Movilidad sostenible
El transporte concentra más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y es, además, uno de los sectores más expuestos a la volatilidad del precio de los hidrocarburos. Para afrontar este doble desafío, el Plan Social para el Clima destinará 4.376 millones de euros a facilitar el acceso a alternativas de movilidad limpia, reforzar la cohesión territorial y reducir la denominada pobreza de transporte, con especial atención a microempresas y autónomos cuya actividad depende del transporte por carretera.
La mayor partida dentro de este componente, 2.269,6 millones, irá dirigida a la descarbonización del transporte por carretera:
- 846,2 millones financiarán la renovación de flotas de vehículos pesados en microempresas vulnerables, con ayudas que podrán cubrir hasta el 100% del sobrecoste, incluyendo el achatarramiento de vehículos anteriores a 2020, que emiten hasta siete veces más óxidos de nitrógeno que los modelos actuales.
- 642 millones se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos ligeros por parte de trabajadores autónomos y microempresas.
- 400 millones irán al despliegue de puntos de recarga en instalaciones empresariales.
El plan contempla también una apuesta decidida por el transporte público asequible, con una dotación de 964,8 millones:
- El Abono Único Social —dotado con 740,5 millones— será un título de transporte multimodal con tarifas altamente reducidas y viajes ilimitados, reservado exclusivamente a colectivos vulnerables como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.
- 224,3 millones se destinarán a desarrollar al menos 28 proyectos de carriles exclusivos para autobuses, sumando más de 80 kilómetros en toda España.
Uno de los capítulos más novedosos aborda la movilidad en el entorno rural, con 702 millones:
- 551 millones financiarán plataformas digitales y flotas de cero emisiones para servicios de transporte a demanda.
- 151 millones se destinarán a soluciones de movilidad compartida local, para reducir la dependencia del vehículo privado en municipios donde el coche absorbe el 96,2% del presupuesto familiar en transporte.
La movilidad activa recibirá 370,5 millones:
- 357 millones para la construcción de infraestructuras ciclistas seguras.
- 9,7 millones para sistemas públicos de bicicleta convencionales y 3,8 millones para alquiler de larga duración.
- El objetivo es triplicar el uso cotidiano de la bicicleta, ya que solo el 3,2% de los españoles la utiliza a diario para desplazarse pese a que el 58,1% dispone de al menos una.
Completan el capítulo de movilidad:
- 26,2 millones para proyectos de intermodalidad, entre ellos la adaptación de 108 unidades ferroviarias para embarcar bicicletas sin plegar.
- 43 millones para la creación de más de 40 aparcamientos intermodales en la Red de Carreteras del Estado para fomentar el carpooling.
Modernizar el parque residencial
El importe destinado a la modernización del parque residencial español, que presenta un elevado número de viviendas con baja eficiencia energética, busca reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico frente a fenómenos meteorológicos extremos y disminuir de forma significativa las emisiones de CO₂.
Se articulan en siete líneas de actuación:
- Promoción de vivienda asequible (1.813 millones): es la medida con mayor dotación económica del Componente. Permitirá impulsar la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial, garantizando altos estándares de eficiencia energética.
- Rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables (1.220 millones): financiará actuaciones integrales a escala de barrio para reducir el consumo de energía primaria no renovable. Se priorizarán zonas con mayores índices de vulnerabilidad, incluyendo rehabilitación energética, climatización renovable o el desarrollo de redes de calor y frío de distrito.
- Rehabilitación de edificios residenciales (923 millones): ayudas destinadas a mejorar el aislamiento térmico y sustituir sistemas basados en combustibles fósiles en edificios donde residan hogares vulnerables. La intensidad de las ayudas se ajustará según el nivel de mejora energética alcanzado.
- Rehabilitación de viviendas individuales (278 millones): intervenciones personalizadas y adaptadas a aquellos hogares que, por su ubicación en edificios plurifamiliares, no puedan someterse a una rehabilitación comunitaria.
- Comunidades energéticas y consumidores activos (300 millones): impulso al autoconsumo colectivo y a sistemas de almacenamiento energético, con la condición de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.
- RED-ACTÚA (27 millones): creación y consolidación de ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales.
- Proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social (162 millones): medidas de rápida ejecución para hogares en situación de urgencia térmica y actuaciones de mejora de climatización en centros públicos educativos y asistenciales.
El amplio proceso de consulta y participación pública impulsado por el Gobierno para la elaboración del PSpC se pretende recabar las alegaciones, propuestas y aportaciones del conjunto de la sociedad sobre el proyecto.
Los comentarios y alegaciones pueden presentarse hasta el 29 de junio mediante el formulario disponible aquí.
