España suspende en transición energética mientras la vivienda sigue pendiente
La respuesta de España a la crisis energética provocada por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende las medidas coyunturales: ¿está el país utilizando las crisis energéticas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles o, por el contrario, para sostener un modelo que necesita transformarse?
El debate cobra fuerza tras la publicación, en julio de 2026, del informe de Greenpeace Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz. El documento analiza las medidas adoptadas por siete países europeos ante la crisis y sitúa a España en el último puesto del ranking, con una puntuación de -380 puntos. Irlanda, Alemania, Portugal, Grecia y Suecia obtienen mejores resultados, mientras que Países Bajos, con 210 puntos, es el único país que logra aprobar.
El diagnóstico de la organización ecologista apunta a un problema de fondo: buena parte de las medidas adoptadas buscan amortiguar el impacto inmediato de los precios de la energía, pero no consiguen impulsar con la misma intensidad una transformación estructural de la demanda. Es decir, se ayuda a consumir energía más barata, pero no necesariamente a necesitar menos energía fósil.
Y es precisamente en este punto donde los datos que el Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de las Viviendas (OREVE) viene recopilando desde hace dos ediciones adquieren especial relevancia.
Según el análisis de Greenpeace, las medidas aprobadas por los siete países estudiados alcanzan conjuntamente los 9.900 millones de euros. El 86% de ese importe favorece directa o indirectamente el consumo de combustibles fósiles.
España concentra un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros. El informe reconoce que existen actuaciones en la dirección adecuada. Entre ellas figuran el refuerzo de la tarifa social, los incentivos al autoconsumo, el impulso de las comunidades energéticas, la movilidad eléctrica y la rehabilitación energética de edificios. En conjunto, estas iniciativas suman 280 puntos en la metodología utilizada por Greenpeace.
Sin embargo, el efecto positivo queda ampliamente compensado por otras decisiones. Las reducciones fiscales generalizadas y las ayudas asociadas al consumo convencional restan 460 puntos, a los que se añaden otros 200 por el carácter indiscriminado de buena parte de las medidas.
El resultado es una paradoja: existen instrumentos destinados a acelerar la transición energética, pero su impacto queda eclipsado por políticas cuyo objetivo principal es mantener el consumo energético tradicional.
La diferencia es fundamental. Una ayuda que reduce temporalmente el coste de utilizar un combustible fósil puede aliviar la economía de un hogar, pero no reduce necesariamente su vulnerabilidad ante futuras crisis de precios o de suministro. Una inversión en aislamiento, electrificación o eficiencia energética, en cambio, puede disminuir de forma permanente la energía que necesita esa vivienda.
El diagnóstico de Greenpeace coincide con una realidad que los informes OREVE de 2024 y 2025 vienen poniendo de manifiesto desde otra perspectiva: la rehabilitación energética de las viviendas continúa avanzando a un ritmo insuficiente.
