Los instaladores solicitan autorización para que las empresas puedan realizar su actividad con el estado de alerta
Las empresas instaladoras representadas por FENIE y CONAIF han vuelto a demandar del Gobierno de España que se autorice expresamente que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad durante el estado de alerta provocado por el COVID-19.
Según se indica en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, en su artículo 17, «Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos» .
Atender averías y mantenimientos
En este sentido, y tras la petición de FEGICAT (Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña) a la Generalitat de Cataluña se ha adoptado la medida de autorizar a que las empresas instaladoras puedan continuar con su actividad en los casos que los clientes demanden sus servicios por averías o mantenimientos necesarios en las instalaciones, sea cual sea el lugar de trabajo.
Esta autorización que se ha obtenido en Cataluña se debería ampliar al resto de Comunidades Autónomas, consideran CONAIF y FENIE, para que las empresas instaladoras puedan continuar ejerciendo su trabajo, que entre otras funciones, consiste en «solucionar problemas en las instalaciones de suministros de los clientes sin tener que correr el riesgo de ser multados o asumiendo situaciones de tensión, añadiendo ésta ya a la situación tan complicada que se está viviendo».
Con anterioridad a la aprobación ayer en el Consejo de Ministros de las medidas del Gobierno para paliar los efectos del Coronavirus en la economía de nuestro país, ambos colectivos, propusieron al Gobierno un conjunto de medidas para la continuidad de las empresas que representan, en torno a 35.000 instaladoras y 250.000 trabajadores. A pesar de esta disminución de actividad de las empresas instaladoras, «los costes salariales continúan y, en un corto espacio de tiempo, éstos no serán asumibles por las mismas», alertaban estos colectivos, cuyo tejido empresarial está formado por empresas, autónomos y pymes, con plantillas de trabajadores que oscilan entre ninguno y, en algunos casos, más de cuarenta o cincuenta trabajadores.
