Manifiesto conjunto sobre la contratación pública: con el objetivo es asegurar los circuitos de pago
Garantizar los flujos de caja y de cobro para asegurar los circuitos de pago, garantizar la demanda para mantener las cadenas de contratación pública, y afrontar la división de los contratos en lotes, ya sean sectoriales o por volumen. Estos son los tres grandes retos a los que deben hacer frente las administraciones públicas y gobiernos para dinamizar y garantizar la actividad de muchos sectores y empresas.
Con el objetivo de dar a conocer los problemas y las carencias de la compra pública, uno de los principales motores de nuestra economía, la PIMEC, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Plataforma Pymes, presentaron ayer en rueda de prensa telemática un manifiesto conjunto titulado “La contratación pública ante la situación post Covid” en el que se recogen estas exigencia y se señalan los problemas que numerosos colectivos vinculados a la contratación pública, que en España representa aproximadamente el 18% del PIB, han venido alertando últimamente, entre ellos, lotes de gran volumen, morosidad en cascada, relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas, la falta de liquidez de contratistas y subcontratistas, entre otros.
Aumento de la morosidad
Estos problemas de las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo de las empresas subcontratistas, se han agravado, tanto por la paralización de la actividad, como por las medidas preventivas que gobiernos y empresas contratistas toman ante un futuro incierto, señaló en su intervención, el presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC. “Se concretan los retrasos y las anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad, y se mantiene una bolsa de deuda acumulada, lo que provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas”, ha apuntado Cañete. Por eso, considera que las administraciones públicas “deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago”. Además, los gobiernos “deben obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.
Por su parte, el vicepresidente de Plataforma Pymes, Josep Tres, ha incidido en la caída de la demanda del sector privado, que “afectará severamente a muchas pymes”, por lo que considera necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por estas empresas, lo que es posible, “dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato”. Además, la división por lotes “supone que un mayor número de empresas puedan concurrir a una oferta”, ha defendido, precisando que para lotes más pequeños “la solvencia económica requerida es menor, incrementándose el número de posibles ofertantes y posibilitando que la administración obtenga mejores condiciones para la ejecución del contrato”. Tres ha concluido la rueda de prensa señalando la importancia de que “la fórmula de valoración económica no excluya de por sí la valoración adecuada del informe técnico”, ya que la legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de adjudicaciones.
