Nuevas medidas del Gobierno para facilitar la viabilidad de pymes y autónomos

Nuevas medidas del Gobierno para facilitar la viabilidad de pymes y autónomos

El Gobierno anunció ayer la adopción de 50 nuevas medidas con la finalidad de ampliar la protección a los colectivos más vulnerables, empresas y autónomos. De esta manera, el Ejecutivo ha flexibilizado aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para empresas y autónomos, impide los desahucios de inquilinos durante seis meses, amplía el bono social y prohíbe el corte de suministros, crea un nuevo subsidio para los empleados de hogar y atiende las necesidades específicas de la investigación y la cultura.

Se trata de más de 50 medidas económicas y sociales que complementan las que se han ido adoptando en las últimas semanas y que, según aseguró la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cumplen un triple objetivo: fortalecer el sistema sanitario, sostener el modelo productivo y prevenir la desigualdad provocada por la actual situación.

Medidas de apoyo a la actividad económica

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reconoció que el Real Decreto-ley contiene, además de medidas que refuerzan el derecho a la vivienda y suministros básicos, medidas específicas de consumo, de apoyo a los trabajadores, de mantenimiento del tejido productivo -desde autónomos a pymes y el resto de empresas- y otras de distintos ámbitos destinadas a cubrir necesidades detectadas a lo largo de estas semanas.

El Real Decreto-ley prorroga la duración de las medidas excepcionales ya establecidas anteriormente por el Gobierno hasta un mes después del final del estado de alarma, salvo que ya contengan plazos específicos, e incluye ajustes técnicos para garantizar su efectividad.

Entre las medidas desgranadas por la vicepresidenta dirigidas a empresas y autónomos figura la moratoria de hasta seis meses para el pago de las cuotas para mayo, junio y julio, así como el aplazamiento de las cuotas que se deben pagar en el mes de abril a un interés reducido del 0,5%.

Por otro lado, se flexibilizan los contratos de suministro de electricidad y gas para autónomos y empresas, y los plazos y procedimientos administrativos para las empresas. Se suspende, además, por un año, el pago de intereses y amortizaciones de préstamos para emprendedores, en especial del sector turístico.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo agilizará y facilitará la gestión de sus ayudas, mientras que el Instituto de Crédito Exterior (ICEX) devolverá a las empresas los gastos derivados de su participación en ferias de este organismo que hayan sido canceladas.

En relación con los alquileres

También se garantiza el derecho constitucional a la vivienda, destacando que quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor, que estén a punto de vencer. Además se activa un sistema de microcréditos públicos que, utilizando al Instituto de Crédito Oficial, ICO, no genera comisiones ni interés, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez en caso de que tengan dificultades.

A esta medida, ha añadido, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por cortes o reducciones de jornada, y los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos.

Prohibido el corte de suministros

El Gobierno, según destacó el vicepresidente Pablo Iglesias, también ha hecho extensible la prohibición del corte de los suministros básicos a los hogares vulnerables a todos los hogares, afirmando que “mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas suministradoras de electricidad, agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual”.

Además, se amplía la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado en su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis de la Covid-19.

 

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