Propuestas de AEDIVE para agilizar la instalación de los 100.000 puntos de recarga previstos en los próximos cuatro años

Propuestas de AEDIVE para agilizar la instalación de los 100.000 puntos de recarga previstos en los próximos cuatro años

Expertos del sector creen factible el objetivo de llegar a los 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en cuatro años en España siempre y cuando se agilicen las trabas administrativas que actualmente impiden la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras. También desde AEDIVE exigen que se intensifique la cuantía de incentivos para su desarrollo, en línea con lo que se hace en otros países europeos, ya que así se conseguirá un despliegue necesario en esa hoja de ruta que apunta a la movilidad sostenible.

¿Dónde radica el problema para operar e instalar los puntos de recarga?

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, interpreta que el problema no radica en la industria ni en las empresas, “que están motivadas y dispuestas”, argumenta, “sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y ese es un problema que parte principalmente de las Administraciones Públicas, que por otro lado son las que reclaman ese despliegue”. Agrega que el desarrollo de la movilidad eléctrica no solo se basa en las infraestructuras, sino que radica también en la necesidad de disponer “de un portafolio amplio de modelos de vehículos eléctricos a precios asequibles y adaptados a todas las necesidades”, convirtiéndose en una línea de trabajo en la que está inmersa la industria de la automoción.

En este contexto, comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras, han participado en un grupo de trabajo en el marco de AEDIVE, para analizar la posibilidad de cumplir con ese ambicioso objetivo, identificando las instalaciones existentes y analizando los permisos que habiliten a su operación, como de los proyectos a futuro inmediato de despliegue de cada una de las empresas en los próximos cuatro años.

Para alcanzar ese objetivo, los operadores de carga en España reconocen encontrarse sobre todo con dos barreras que les impiden desarrollar la infraestructura. Por una parte están los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras y, por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de estas instalaciones.

En lo que atañe al primer punto, indicar que como inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para vehículo eléctrico a estaciones de servicio, los requisitos para la instalación resultan muy estrictos. La parte positiva es que, recientemente, se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos, aunque el trámite sigue siendo complicado y dificulta muchas operaciones, añadiéndose a esa problemática la de la dilatación y retardo en las respuestas de este organismo, pudiendo alargarse hasta un máximo de seis meses. Si en ese tiempo no hay respuesta, se interpreta como un proyecto fallido, lo que implica volver a empezar y el consiguiente retraso en las instalaciones en carretera. Además, en carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos el trámite es más sencillo.

Propuestas para agilizar los permisos

Partiendo de que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas cuentan también con normativas y/o criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, los procesos de tramitación se complican y, en muchas ocasiones, se retrasan.

Las medidas de AEDIVE para agilizar los permisos de obras para puntos de recarga se concretan en las siguientes propuestas:

  • Licitar las instalaciones de recarga en suelo público de forma homogénea, priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.
  • Validar una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, del Mitma, de la Confederación Hidrográfica y otros instrumentos administrativos que dificultan la instalación y puesta en marcha de este tipo de infraestructuras.
  • Crear una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites ya que a veces, los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento, y tardan meses en contestar.
  • Declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, que conlleva la reducción de los trámites administrativos que afectan a iniciativas de gran capacidad para generar innovación, empleo y sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental y que es un paso avanzado respecto a la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, en base al Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobada en junio de 2020 por el Consejo de Ministros.
  • Agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta un año.
  • Duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, que actualmente son de cinco años, con el fin de hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.

Reducción de costes de inversión y explotación

La Circular 3/2020 de la CNMC ya estableció un peaje específico opcional para puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público, con menor peso del término fijo, pero se detecta que “sigue pendiente el desarrollo de los cargos”, por eso AEDIVE solicita “la eliminación de esos cargos de la tarifa eléctrica”.

Además, considerando que las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red que han de realizar los operadores de recarga en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total, llegando a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy, por lo que se plantea desde la patronal de la movilidad eléctrica “establecer medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado”.

En línea con todo ello, las demandas de AEDIVE en el proceso de desarrollo e instalación de la infraestructura de recarga se orientan a:

  • Aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público.
  • Incrementar el presupuesto del plan Moves dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas.
  • Facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa.
  • Implantar un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos, por el que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad o que en su defecto, exista un mercado de emisiones para aquellos operadores (no necesariamente propietarios de infraestructuras) que provean de certificados de origen renovable a la energía que consume un determinado vehículo.

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