Un manifiesto promueve la rehabilitación energética para la recuperación económica
Un manifiesto hecho público por Grenward Partners, empresa de activación de capital ecológico, plantea al Gobierno 20 líneas de actuación para ‘Rehabilitar el Futuro’, como reza el lema del documento, al que se han adherido las principales organizaciones del sector de la eficiencia energética en la edificación, como son Anese (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos), A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) y GBCe (Green Building Council España. Entre todas ellas aglutinan a medio millar de empresas, asociaciones profesionales y empresariales, centros de investigación, instituciones académicas y centros tecnológicos, entre otros, de toda la cadena de valor del sector de la eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios.
Las medidas a las que se insta en el manifiesto para que aborden las Administraciones Públicas, van encaminadas a aprovechar todo el potencial de la rehabilitación energética de los edificios como motor de la recuperación económica y como herramienta para la lucha contra el cambio climático. Las actuaciones vienen encabezas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un “interés general prioritario” en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo y que ahora comienza su tramitación parlamentaria. Y es que la eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2.
80.000 empleos
Teniendo en cuenta que en España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética E, F o G) y que más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético, la rehabilitación energética de edificios generaría de forma inmediata un volumen importante de puestos de trabajo -que, además, no se pueden deslocalizar-, al tiempo que reducirá las emisiones y mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la epidemia del coronavirus contemplaba la necesidad de movilizar 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia energética para renovar, entre otras tipologías de inmuebles, 1,2 millones de viviendas y crear entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.
De todas las líneas de actuación en la lucha contra el cambio climático, la rehabilitación energética es la que mayor número de puestos de trabajo genera por cada millón de euros invertidos (entre 24 y 27 empleos creados y mantenidos al año, según la CEOE).
Por su parte, la primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, supuestamente con financiación privada.
“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el manifiesto. “Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade.
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al Congreso de los diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).
A partir de ahí, los firmantes del manifiesto consideran que hay que pasar al desarrollo de las políticas que permitan alcanzar los objetivos planteados. “Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, exigen.
Y para ello, se hace un llamamiento a la Administración para que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme potencial de la eficiencia energética de edificios.
