El Gobierno envía el PNIEC a la Comisión Europea sin escuchar a todos los agentes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió el pasado 31 de marzo a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cumpliendo así la obligación que exige a los Estados miembros contar con con la estrategia de reducción de emisiones hasta 2030 y también más a largo plazo (hasta 2050).
El texto enviado coincide con el que actualmente se encuentra incluido en la fase de consulta pública del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) del plan y que ya fue remitido a Bruselas el pasado mes de enero, como borrador actualizado. Con esta nueva comunicación a la Comisión Europea, España da cumplimiento al Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
Desde el Ministerio aseguran que el documento se modificará -y, en su caso, se remitirá nuevamente a Bruselas- en aquellos aspectos que pudiera resultar necesario tras la finalización del proceso de evaluación ambiental y el análisis de la totalidad de las consultas recibidas. La fase de información pública debía haber concluido el pasado 25 de marzo y, en la actualidad, está suspendida en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
Sin declaración ambiental estratégica
Hasta la fecha, de los 21 planes presentados, 11 no cuentan con la declaración ambiental estratégica. Considerando la relevancia de que Bruselas tenga la información necesaria para aumentar el compromiso comunitario con la acción climática y las solicitudes recibidas por las autoridades españolas por parte de la Comisión Europea para el envío urgente de la versión definitiva del plan, España procede a su remisión, sin perjuicio de que en un momento posterior éste se adapte a las medidas ambientales que surjan de la evaluación ambiental estratégica.
El texto da respuesta a las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, incluye mejoras en el modelo, aborda las cuestiones derivadas de la consulta pública realizada entre el 22 de febrero y el 1 de abril de 2019, así como las recomendaciones contenidas en el documento de alcance de la evaluación ambiental estratégica. Así, entre otras cuestiones, incorpora nuevas medidas y mayor detalle, reforzando los objetivos y los resultados. También incluye un análisis, con participación de Red Eléctrica Española (REE), que avala la seguridad del suministro eléctrico del mix energético que se fija el plan para 2030.
Las medidas contempladas en el plan permitirán alcanzar los siguientes objetivos en 2030: 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990; 42% de renovables en el uso final de la energía, cifra que duplica el 20% del año 2020; 39,5% de mejora de eficiencia energética en la próxima década; 74% de presencia de energías renovables en el sector eléctrico, en coherencia con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
La aprobación del PNIEC se encontraba en fase de alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico, requisito legal indispensable para aprobar este Plan. Pese a lo anterior, el Ministerio ha decidido aprobar definitivamente el Plan, sin esperar a agotar todas las fases del procedimiento.
Por ese motivo, asociaciones como Greenpeace España, Ecologistas en Acción y Oxfam se quejan de que se haya decidido su aprobación definitiva, sin agotar las fases del procedimiento y saltándose partes tan importantes como la evaluación ambiental estratégica o la participación pública en la elaboración del mismo.
Elevar a un 55% la reducción de emisiones
Aseguran que, con fecha de 25 de enero, presentaron un requerimiento al Gobierno en el que exigían que, además de aprobar el PNIEC, debía elevar el grado de ambición en la reducción de emisiones, de un 23% a un 55%, de acuerdo con el compromiso adquirido en la adopción del Acuerdo de París, que se marca el objetivo de no superar los 1,5 ºC de calentamiento global. También pedían al Gobierno que incrementara sustancialmente el grado de participación pública en la elaboración del PNIEC, tal y como exige la normativa europea.
José Luis García Ortega, responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España, muestra su decepción por no haber tenido en cuenta ese requerimiento. Asegura que «el Gobierno llega tres meses tarde en el cumplimiento de esta obligación europea, para acordar deprisa y corriendo, modificando las reglas del juego en mitad del procedimiento, un PNIEC completamente insuficiente para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París de no superar el 1,5º C de calentamiento global», y agrega a continuación que «sabemos que los objetivos que marca este PNIEC constituyen un esfuerzo importante de reducción de emisiones, pero debemos tener en cuenta que España ha estado décadas aumentando sus emisiones por encima de los límites internacionales y europeos acordados, mientras la mayoría de países de la UE las reducían, por lo que ahora no queda más remedio que hacer el esfuerzo que no se hizo en su momento, de elevar la ambición al nivel que la comunidad científica indica».
